La Revolución
Francesa, continuando y profundizando la idea americana, asimiló la
Constitución a una determinada forma de organización política, aquella que
garantiza las libertades individuales, trazando límites a la actividad y poder de los gobernantes. En disputa entre
reformistas y radicales, se decidió por estos últimos. La Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, promulgada el 28 de agosto de
1789 “para todos los hombres, para todos los tiempos y para todos los
países”, en su artículo 16, estableció el principio que se ha mantenido hasta nuestros días,
según el cual “toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté
asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución”.
En el Art. 3 se reconoció que “el origen fundamental de toda soberanía recae en
la nación”. En el Art. 8 se establece “Nadie puede ser castigado sino en virtud
de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente
aplicada”. Se basa en el principio romano nullun
crimen nulla poenia sine praevia lege; en Inglaterra tuvo su origen en la
prohibición de leyes ex post facto
(después del hecho) que los nobles arrancaron al rey Juan Sin Tierra. La
Declaración definía los derechos naturales del ser humano, entre los que
consideraba básicos la libertad (individual, de pensamiento, de prensa y
credo), la igualdad (que debía ser garantizada al ciudadano por el Estado en
los ámbitos legislativo, judicial y fiscal), la seguridad, soberanía popular,
la resistencia a la opresión y la fraternidad.[1]
Tenemos el texto de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, por la contundencia de sus derechos, en calidad de Preámbulo de la Constitución francesa.
En estos tres principios liberté, égalité, fraternité, mucho tuvo que ver la masonería en el
tercero de los enunciados, en cuanto a su postulado de fraternidad, amistad o
afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales, y de fomento de la
filantropía definida de amor al género humano. De las logias, pasó a ser la
divisa del Estado francés.
Aunque estos principios fundamentales
constituyeron la base del liberalismo político del siglo XIX, no fueron
aplicados en la Francia revolucionaria: el monarca no aceptó que sus antiguos
súbditos fueran ahora soberanos, y la Asamblea Legislativa aceptó el veto del
rey. Al cabo de tres años, se abolió la monarquía y se proclamó en forma
definitiva la República.
Por eso la Constitución de septiembre de 1791
expedida bajo el predominio de la tendencia puramente liberal, organiza el
Estado sobre la base de una “monarquía constitucional”, consagrándose: a) La
separación de los órganos del poder; b) la función legislativa pertenece a la
Asamblea Legislativa; c) la función judicial corresponde a jueces electos,
independientes e inamovibles; d) se restablece la autonomía de los municipios;
e) la consagración de la propiedad privada como un derecho absoluto; f) se
consagra el sufragio censatario (solo podían votar quienes poseían determinados
bienes de fortuna). Se establece que la soberanía reside en la nación, la
igualdad entre las personas, se proclama la libertad de pensamiento, de prensa
y la libertad religiosa.
A diferencia de la revolución inglesa
“estrechamente burguesa y conservadora”, la revolución francesa, se dice, es
“radicalmente burguesa”,[2] en el sentido de abolir los privilegios feudales en beneficio de una nueva clase social emergente.
La primera Constitución escrita de la historia
francesa, fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de
septiembre de 1791 y aceptada por el monarca Luis XVI, quien quedó como
representante de una monarquía constitucional. Su preámbulo está constituido
por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de
1789; sin embargo esta Constitución de gran influencia en el mundo, no está a
la altura de la Constitución de los Estados Unidos que la precedió y que
estableció la república en vez de la monarquía.
[1] La Declaración era de aplicación exclusiva a los varones. En 1791,
Olympe de Gouges escritora y heroína de su patria que reivindicó la igualdad
entre hombres y mujeres, y finalmente acusada de traición a la revolución,
publicó la Declaración de los Derechos de
la Mujer y la Ciudadana, pretendiendo igualar los derechos de los dos
sexos, verdadera proclama de universalización de los derechos humanos, que no
sería de amplia aplicación en el mundo sino a finales del siglo XX, exceptuando ciertas regiones
fundamentalistas.
[2] Los ingleses establecieron una monarquía parlamentaria consolidada,
resuelto el asunto político de manera incruenta, pudieron fortalecer su
revolución industrial; los franceses declararon triunfante a la burguesía, mas
no consolidaron su revolución industrial en la forma triunfante de los
ingleses.
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