Comenzando el siglo XVIII, encontramos en Gran
Bretaña sólidamente establecidas las instituciones de una monarquía
constitucional, que sirvió de modelo a la primera Constitución escrita de la
época moderna: la Constitución de los Estados Unidos de América adoptada el 17
de septiembre de 1787. Aunque para algunos tratadistas, los ingleses con el Instrument of Government de 1654,
durante el período de Oliver Cromwell, crearían la primera Constitución escrita
válida del mundo moderno, siendo considerado el prototipo de la Constitución de
los Estados Unidos de América de 1787 aún vigente en pleno siglo XXI.
La Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, redactada en gran parte por Thomas Jefferson y sancionada el 20
de junio de 1776 por los representantes del pueblo de Virginia, se adelantó a
la de otros pueblos del mundo y sirvió de modelo a la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos y a la Constitución de 1787.
Pocos días después, el 4 de julio de
1776, el Congreso General reunido en
Filadelfia sancionó la Declaración de Independencia de los Trece Estados Unidos
de América. En su memorable Acta, clásica por la concreción de derechos,
declaró: “Sostenemos como verdades
evidentes que todos los hombres han sido creados iguales; que a todos confiere su Creador ciertos derechos
individuales entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad; que para garantizar esos derechos, los hombres instituyen gobiernos
que derivan sus justos poderes del consentimientos de los gobernados; que
siempre que una forma de gobierno tiende a destruir esos fines, el pueblo tiene
derecho a reformarla o abolirla, a instituir un nuevo gobierno que se funde en
dichos principios, y a organizar sus poderes en aquella forma que a su juicio
garantice mejor su seguridad y su felicidad”.
Esta Declaración emitida por el Congreso
estadounidense, representa el primer documento político en el que se reconocen
tres de los derechos humanos más fundamentales, el derecho a la vida, la
libertad y la búsqueda de la felicidad; determinando un derecho básico: la
igualdad entre las personas.
Al independizarse los Estados Unidos de
Norteamérica, el término Constitución fue empleado en un sentido
revolucionario, para oponer las constituciones o formas de gobierno de las
trece colonias, a las instrucciones de la corona inglesa para gobernar estos
territorios.
Así, “Constitución” en el carácter de acto
solemne determinador de la estructura fundamental y del poder organizado en el
ámbito de una sociedad estatal, se usa por primera vez para designar la Carta
Política norteamericana que entró en vigor el 21 de junio de 1788, estableciendo los límites de los poderes
gubernamentales y de protección de los derechos y libertades fundamentales, y
que fuera ratificada por los representantes de los trece estados el 29 de mayo
de 1790.
En su texto constitucional se dejó ausente una
declaración de derechos, por lo que George Mason, representante de Virginia, se
negó a firmar la Constitución porque no se incluyó en ella una Carta de
Derechos que garantizara las libertades básicas de los ciudadanos. Ya Thomas
Jefferson, por ese entonces embajador en Francia, en diciembre de 1787 le escribió
a su amigo James Madison: “Una carta de derechos, es algo que el pueblo merece
para poder enfrentar a todos los gobiernos de la Tierra, en general o en
particular, y lo que ningún gobierno justo le debe negar o reducir a materia de
inferencia”, a lo que el primer Congreso
norteamericano propuso doce enmiendas de las cuales fueron ratificadas diez.
Estas diez enmiendas se conocen con el nombre de Bill of
Rights (Declaración o Carta de Derechos). En ellas se consagraron la
libertad religiosa; las libertades de palabra, prensa y reunión; la
inviolabilidad del domicilio, la seguridad personal; el derecho de propiedad. Y
la que posteriormente se convirtió en la quinta enmienda: “no person shall be…deprived of life, liberty o property, witout due
process of law” (“ninguna persona será privada de su vida, libertad, o
propiedad sin el debido proceso legal”).[1] El texto completo de la Enmienda V dispone: “Ninguna persona será
obligada a responder por un delito capital o infamante si no es en virtud de
denuncia o acusación de un Gran Jurado, salvo en los casos que ocurran en las
fuerzas armadas de mar y tierra, o en la Milicia, cuando estén en servicio
activo en tiempos de guerra o de peligro público; ni podrá persona alguna ser
sometida dos veces, por el mismo delito, a un juicio que pueda ocasionar la
pérdida de su vida o de su integridad corporal; ni será compelida a declarar
contra sí misma en ningún proceso penal, ni será privada de su vida, su
libertad o sus bienes sin el debido procedimiento legal; ni se podrá expropiar una
propiedad privada para destinarla a uso público sin la justa compensación”. Que
será complementada por la Enmienda XIV aprobada en 1868: “Toda persona nacida o
naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana
de los Estados Unidos y del Estado en el que resida. Ningún Estado aprobará o
hará cumplir ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los
ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de
su vida, su libertad o su propiedad sin el debido procedimiento legal; ni
negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la protección de las leyes en un
plano de igualdad”. Esta Carta de Derechos es considerada la enunciación
definitiva del más norteamericano de los valores: la idea de que el individuo
es lo más importante y tiene la primacía sobre cualquier gobierno.
La Declaración de Derechos fue rápidamente
ratificada en 1791 y consiste en las primeras diez enmiendas a la Constitución.
Estas enmiendas (Amendments) fueron expedidas para limitar específicamente el
ejercicio del poder del gobierno nacional, siguiendo el original propósito de
Madison de proteger a los ciudadanos frente al poder.[2]
[1] Wladimiro Villalba Vega, La esencia de las facultades
constitucionales, en “Derecho
Constitucional para fortalecer la democracia ecuatoriana”, Fundación Konrad
Adenauer, Quito, Ecuador, 1999, p. 139.
[2] “The Bill of Rights, quickly
ratified in 1791, consist of the first ten amendments to the Constitution. These
amendments were expected to limit only the national government’s exercise of
power. Madison’s original proposal provided that ‘[n]o State shall infringe the
equal rights of conscience, nor the freedom of speech, or of the press, nor of
the right of trial by jury in criminal cases.’ This restriction on the states
was rejected, however.” Daniel A. Farber, William N. Eskridge, Jr., Philip P.
Frickey, Constitutional Law, American
Casebook Series, Third Edition, West Group, St. Paul, Mn, 2003, p. 9.
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