CONSTITUCIONES REFLEJAN REALIDAD

Los ecuatorianos hemos diseñado históricamente veinte caminos constitucionales de convivencia y desarrollo. Mientras otro país ha ejecutado un solo camino constitucional de desarrollo. ¿En dónde se encuentran las diferencias.

A la pregunta de ¿por qué son tan escasas las cartas constitucionales de larga vida y tan numerosas las de corta duración? existen dos respuestas, la primera que la causa está en nosotros los ciudadanos, y la segunda, que el problema está en el texto constitucional, que no es considerado un valor supremo de su identidad nacional.

Aparentemente deberíamos coincidir con el ex presidente de la república Osvaldo Hurtado Larrea (1981-1984) que los problemas de la democracia ecuatoriana no se deben a normas constitucionales supuestamente inadecuadas sino la forma en que los ciudadanos encaran sus responsabilidades cívicas o desempeñan funciones públicas; lo que Jellinek denominaba el carácter de un pueblo, las relaciones del vivir de los hombres.  Para Hurtado, en el Ecuador no existe el imperio de la ley, base en la que se sustentan las democracias exitosas de Europa, Asia y América; de la misma manera que en calles y carreteras peatones y conductores de todas las clases sociales ignoran la Ley de Tránsito, el presidente de la república, los congresistas, y los Tribunales Constitucionales y Supremo Electoral, han violado la penúltima Constitución en numerosas ocasiones desde que fue expedida en 1998. Y en sociedades en las que la legalidad es rebasada cotidianamente, no es posible que las instituciones democráticas operen correctamente y los conflictos políticos se resuelvan jurídicamente como sucede en países respetuosos del Estado de derecho; en su lugar actúan el poder y la fuerza y terminan imponiéndose los hechos consumados. (Véase, diario Hoy, 7 de junio de 2007, p. 6A).  En lo que concuerda el jurista Julio César Trujillo, ex diputado y ex candidato presidencial: “Tenemos instituciones políticas que requieren cualidades que no las tenemos e incluso algunas ni siquiera las apreciamos, por consiguiente, mal podemos tenerlas” (diario El Comercio, Quito, 8 de agosto de 2009, p. 2 especial).

Lo que el Estado ha expresado en su historia republicana es una visión corporativista de la sociedad, donde las leyes se han dictado para favorecer a una oligarquía rapaz e incompetente y a estamentos sociales en lugar de todos los ciudadanos, habiéndose comportado este remedo de democracia cual real dictadura. Traiciones, golpes de Estado, limitada visión de futuro, planeamiento a corto plazo, crisis de gobernabilidad, discriminación de la mujer en la vida pública, violación de la Constitución e inseguridad jurídica, constituyen el signo político ecuatoriano. En opinión de analistas extranjeros, el sistema político del país no ha sido capaz de transformar la riqueza de los recursos naturales en acciones que beneficien a las clases sociales más necesitadas. Porque el Ecuador, en nuestro criterio, poseedor de enormes riquezas materiales, no puede ser considerado un país pobre, pero sí un país empobrecido.

Esta inestabilidad de la vigencia de las cartas constitucionales y de las instituciones políticas, ha estado acompañada de una persistente estabilidad del sistema social y económico. La ilusión de cambio vendida continuamente al pueblo ha permitido a las clases dominantes mantener inalterada la estructura económica. Su gobierno (con escasos períodos democráticos) hasta finales del siglo XX ha sido “gobierno de los pocos, por los pocos y para los pocos”. El poder político refleja los intereses económicos de una clase. Por eso un clásico social expresó que la política es la opinión concentrada de la economía, esto es que por medio de la política se controla la estructura de una sociedad. Por eso la gobernabilidad implica una construcción diaria y permanente de una verdadera democracia social y la realización del Estado constitucional de derecho.

Tal crisis social e institucional refleja a más de inestabilidad política y económica, una debilidad educacional popular que se traduce en un desconocimiento de la mayoría de la población respecto a sus derechos civiles y libertades individuales reflejadas en  la Constitución política del país. Se ha enseñado al pueblo las técnicas de la vida material, pero los esfuerzos por educarlo han sido pobres, y no se ha elevado su limitada cultura cívica. Por ello aunque se dirá que pese a la inestabilidad política y social se puede percibir una recurrente búsqueda de la democracia, “que la masa avanza” en palabras de Hegel, no es menos cierto reconocer  una debilidad de las organizaciones políticas que se declaran defensoras de los intereses populares y que no han podido representar el real contrapeso a las clases dominantes. Y para ello se debe volver hacia lo ético desde la condición más íntima de uno mismo, comenzar por abandonar la cultura de la queja y plantearse un proyecto social de confianza y optimismo en el futuro con respeto colectivo de la ley y su expresión máxima: La Constitución.  

En suma, podríamos decir que existe una falencia en el pueblo respecto al conocimiento de derechos y obligaciones del constitucionalismo expresado en un conjunto de tendencias, estudios, ideas y teorías que destacan el fundamental papel que desempeñan las Constituciones en la vida política de los Estados. Es lo que pretende en el siglo XXI aplicar y cumplir la vigésima y última Constitución ecuatoriana aprobada por el pueblo soberano mediante referéndum el 28 de septiembre  de 2008 y publicada en el Registro Oficial N. 449 el 20 de octubre del mismo año. La realidad concreta lo dirá.